El 6 de octubre se publicó la Ley 42/2015 de 5 de octubre de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que entró en vigor el día 7 de octubre de 2015. Algunas modificaciones entrarán en vigor el 15 de octubre de 2015.

Las novedades principales se refieren a las tecnologías de la información y la comunicación, pretendiendo que las comunicaciones con la Administración de Justicia se realicen de forma electrónica. A partir del 1 de enero de 2016 todos los profesionales de la justicia y órganos judiciales, quedarán obligados a emplear los sistemas telemáticos, para presentación de escritos y actos de comunicación procesal. Entre otras cuestiones, los datos de correo electrónico y número de teléfono podrán ser utilizados para la localización del demandado, incluso por SMS.

En cuanto a la figura del procurador, se destaca el otorgamiento de la capacidad de certificación para realizar actos de comunicación, lo que viene a significar que tendrán los mismos efectos que si hubieran sido realizados por funcionarios judiciales y sin necesidad de verse asistido por testigos.

En relación con el juicio verbal, a partir de esta reforma, se incluye la contestación escrita a la demanda (hasta ahora el demandado contestaba en el acto del juicio). Con lo cual, el demandante comparecerá a juicio conociendo la contestación del contrario, pudiendo asistir a la vista con los medios de prueba necesarios. Asimismo, se introduce la posibilidad de un trámite de conclusiones (alegaciones) en el juicio verbal, tal y como estaba previsto para el juicio ordinario y un nuevo régimen de recursos contra la denegación de prueba. Se contempla la posibilidad de que las partes puedan pedir que se resuelva el pleito sin necesidad de celebrar la vista. Los procesos que estuvieran en trámite en el momento de la entrada en vigor de la Ley se continuarán tramitando de acuerdo a la legislación anterior a la reforma.

En el juicio monitorio, para garantizar los derechos del consumidor, el juez, verificará la existencia de cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores o usuarios, pudiendo declarar de oficio el carácter abusivo una cláusula, la cual no podrá ser invocada en ningún otro juicio posterior. Se da así cumplimiento a lo establecido en la sentencia del TJUE de 14 de junio de 2012.

La Ley modifica 79 artículos de la LEC, así como normas del Código Civil (en lo relativo a la prescripción general que pasa de quince a cinco años), de la Ley de Propiedad Horizontal (en lo relativo a la elección de presidente de la Comunidad), de Asistencia Jurídica Gratuita, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y otras.

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