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LA SUCESIÓN EN EL ÁMBITO DE LA UNIÓN EUROPEA - FISCALIDAD

alt="testamento firmado, fiscalidad europea herencias, abogadosmadridtenerife.com" El Reglamento Europeo excluye la materia fiscal

Muchos lectores del periódico CanarianWeekly de Tenerife, de distintas nacionalidades, me han preguntado acerca de la nueva regulación sobre sucesiones establecida por la UE. Las preguntas, más que orientadas a la ley material aplicable a las sucesiones (ley de la nacionalidad del causante, ley del último domicilio, ley de situación de los bienes) hacían referencia a la fiscalidad, o sea a la aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. En este aspecto cabe reseñar que existen varios ordenamientos jurídicos fiscales aplicables a cada caso concreto, léase el europeo, el estatal, el autonómico (incluso el local o municipal).

 

 

El “Reglamento (UE) nº 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio de 2012, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones, a la aceptación y la ejecución de los documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo”, que entrara en vigor el 17 de agosto de 2015, regula los aspectos jurídicos de la ley aplicable a la sucesión, intentando armonizar las distintas legislaciones europeas. Por ejemplo, en el caso de España, la ley aplicable a la sucesión es la de la nacionalidad del causante. Como consecuencia de ello, la sucesión de un ciudadano nacional del Reino Unido (por ejemplo) se regularía por la ley material británica. Ello sin perjuicio de las formalidades a seguir en el país de situación de los bienes. Es decir, en el caso de España, las formalidades equivalen al otorgamiento de escritura pública (que tiene acceso al Registro de la Propiedad). Este artículo no pretende ser exhaustivo en la cuestión de la aplicación de la ley material y de la ley formal en casos de herencias (lo que abordaremos en otra columna), sino tan solo explicar de manera sucinta el porqué aún sigue vigente en España la tributación por impuesto de sucesiones (dependiendo de la Comunidad Autónoma donde estén situados los bienes) a pesar del Reglamento europeo.

 

En este sentido, el Reglamento excluye expresamente cuestiones relativas al derecho administrativo (Derecho Público), por lo que conlleva que la materia fiscal, o sea las cuestiones relativas a los impuestos que gravan las sucesiones queden reguladas por el derecho interno de cada estado miembro. Por lo tanto, corresponde al Derecho Nacional determinar el cálculo  y forma de pago de los impuestos, se traten de los impuestos adeudados por el difunto al momento de su fallecimiento o de aquellos derivados de la herencia.

 

El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en España grava por obligación personal a “los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España (de acuerdo con las reglas del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas)”, a quienes “se les exigirá el Impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado”. En el caso de no-residentes se grava por obligación real la adquisición de bienes y derechos situados en territorio español y la percepción de sumas originadas en seguros de vida.

 

La Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía establece que el rendimiento del impuesto de sucesiones se considera producido en la Comunidad Autónoma donde haya residido el causante en el periodo de cinco años anteriores al fallecimiento. Hay Comunidades Autónomas en las que se exige el impuesto de sucesiones y otras en la que hay exención (total o parcial). Abordaremos este tema en otras columnas.

En definitiva, como respuesta a la cuestión fiscal, muchos no residentes nacionales de la UE podrían llegar a pensar que con la entrada en vigor del Reglamento se evitaría la imposición del impuesto de sucesiones (o la doble imposición). Esto no es así. El Reglamento no altera la fiscalidad. Cuestión distinta es que la tributación entre residentes y no-residentes deba ser revisada para evitar discriminaciones. Así lo entiende la Comisión Europea que en 2011 redactó una Recomendación (no vinculante para los estados miembros) para evitar o moderar la doble imposición en material de sucesiones. En septiembre de 2014 el Tribunal de Justicia de las Unión Europea falló en contra del Estado Español por lo que éste se vio obligado a modificar la legislación a fin de que no existan discriminaciones entre residentes y no-residentes, de manera tal que los herederos (cónyuges, descendientes y ascendientes) no residentes estén gravados en la misma proporción que los residentes, o sea, aplicándole a los no-residentes las reducciones que se aplicaban a los residentes.

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